Detienen al alcalde de Totana y a tres personas más por supuesta corrupción

Entre ellos está el jefe de la Policía Local, la secretaria del Consistorio y un empresario Permanecerán arrestados al menos hasta el domingo, cuando la juez les tome declaración

(Fuente: La Verdad 30/11/2007)

José Martínez Andreo se convirtió ayer en el primer alcalde de la Región detenido por un caso de corrupción urbanística. El primer edil totanero pasó la noche de ayer en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, donde llegó poco antes de las 20 horas. Martínez Andreo tuvo que afrontar una maratoniana jornada -once horas- de registros en el Ayuntamiento, del que salió saludando y sonriendo entre aplausos de sus partidarios y gritos de «chorizo» y «corrupto» de sus detractores.

El alcalde se suma así a los seis detenidos en la denominada Operación Tótem el lunes. Pero el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sumó ayer también a la lista de arrestados al jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales; a la secretaria del Consistorio, Laura Bastida; y al empresario local Pedro Martínez Ruiz, posiblemente por su relación con el anterior alcalde y diputado regional, Juan Morales, al que ayer le fue retirado el pasaporte e intervenido un ordenador personal.

Once horas de registro

Martínez Andreo fue abordado por los agentes a las 7.30 de la mañana, cuando se preparaba para acudir a una cita en la Consejería de Asuntos Sociales en Murcia. De allí fue trasladado en un coche de la Guardia Civil al Ayuntamiento, donde permaneció hasta las 19 horas, cuando partió hacia la Comandancia de Murcia.

Tanto a Andreo como al resto de los detenidos ayer se les imputan -en distinto grado- los delitos de cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Prácticamente a la misma hora en que interceptaban al alcalde, los agentes iniciaban el registro de la concejalía de Urbanismo, los servicios de Intervención municipal y la sede de la empresa de promoción de suelo industrial y vivienda protegida, Proinvitosa, en el polígono industrial El Saladar.

Todas las instalaciones fueron desalojadas de sus trabajadores y funcionarios, muchos de los cuales asistieron atónitos a la intervención policial. Al tiempo, los seis detenidos en la primera fase de la investigación llegaban a la sede de los juzgados de Totana para empezar a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1, María Asunción Navarro. La juez decidió, tras tomar declaración a cuatro de los seis en una jornada que terminó a las 21.30 horas, prorrogar su situación y aplazar hasta hoy -cuando previsiblemente acaben sus testimonios y varios careos entre ellos- su decisión sobre su situación judicial.Los agentes de la Unidad Central Operativa intervinieron numerosa documentación -sólo del Ayuntamiento se llevaron hasta ocho cajas- en los distintos registros, que se ampliaron a una caja de seguridad propiedad de Martínez Ruiz.La lista de detenidos e imputados por la Operación Tótem se eleva así hasta las 12 personas.
El lunes fueron arrestadas seis personas e imputadas la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, y una ciudadana brasileña -actual compañera del ex primer edil- a la que se imputa un delito de blanqueo de dinero. Al resto se les acusa formalmente de cohecho y tráfico de influencias. También está imputado en el caso el hasta el miércoles abogado de Juan Morales, Javier Cegarra.No se descartan más detenciones en una operación que fuentes de la investigación no dudan en calificar de «abierta», y que ha extendido su objeto más allá del convenio de la pedanía de El Raiguero y que ahora trata de aclarar si todo el urbanismo local, basado la pasada legislatura en la figura del convenio urbanístico, está corrompido. Las comisione supuestamente pagadas alcanzan los dos millones de euros.

La Guardia Civil requisa a Juan Morales su ordenador personal, el pasaporte y varios documentos

La Guardia Civil estrechó ayer el cerco sobre el ex alcalde de Totana, el popular Juan Morales. Los agentes realizaron ayer un minucioso registro en el domicilio de Morales y le requisaron su ordenador -proporcionado por la Asamblea Regional en su condición de diputado-, el pasaporte y diversa documentación. El ex alcalde, que es diputado por el PP y por lo tanto aforado, ha defendido en los últimos días su inocencia. Entre tanto, los agentes han detenido y registrado los domicilios de su ex mujer y de su actual pareja.

El diputado popular, que pasó la mañana estudiando con su abogado la forma de dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para prestar declaración, remitió una petición al presidente del TSJ en la que le solicita que adopte las medidas pertinentes para la «preservación y salvaguardia de los derechos que le conceden la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones legales aplicables».

En su petición, según un comunicado hecho público por el Partido Popular, Juan Morales argumenta que debido a su condición de diputado regional y «siendo objeto públicamente, según se puede constatar en cualquier medio de comunicación social, de una investigación policial y judicial, en el curso de la cual se han llegado a adoptar medidas como la intervención del ordenador proporcionado por la Asamblea Regional, así como la incautación de su pasaporte y documentación propia de sus trabajos parlamentarios durante el registro de su domicilio en Murcia, se ha producido una más que notoria vulneración de sus derechos constitucionales como ciudadano» y aquellos que se derivan de su condición de diputado de la Asamblea Regional.

Además, Morales explica en el comunicado que desea conocer qué se le imputa y por qué motivos está siendo objeto de esta persecución, ya que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ningún órgano competente.

Finalmente, Morales ha mostrado su voluntad y su total disposición para comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia, la institución competente, con el fin de aclarar la situación en la que se encuentra.

Valcárcel se ciñe a una nota

El presidente regional y del PP, Ramón Luis Valcárcel , declinó pronunciarse ayer sobre la detención del alcalde de Totana en relación con una presunta trama de corrupción urbanística, y se remitió a un comunicado que emitió la dirección regional de su partido.

Valcárcel, que asistía junto al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, a un acto cuando, reiteró que las valoraciones en relación a este caso se efectuarán, desde el PP, a través del citado comunicado. A los insistentes requerimientos de los periodistas, el presidente subrayó: «comprenderán que si hay una nota es para que se ajusten a la nota».

No obstante, en su breve comparecencia ante los medios, Valcárcel sí lamentó la falta de información oficial que dispone sobre esta investigación, y aseguró que lo que conoce del caso es a través de los medios de comunicación.